Entre marzo y abril de 2003 todo el país vibró con las detenciones, los juicios sumarios y las condenas impuestas a varias decenas de cubanos. El torbellino que desató trajo también otros ingredientes a la vida nacional y modificó el sabor de la convivencia.
Internamente quedó claro, entre otras cosas, que las duras leyes vigentes son aplicables cuando se trate de garantizar la fortaleza del Estado; que las apariencias engañan y no podemos estar tan seguros si de verdad la persona que tenemos junto a nosotros es quien dice ser, lo que potencia la desconfianza entre los nacionales.
Hacia el exterior y por el rechazo amplio hacia tales sanciones, las relaciones de Cuba con otros países se han visto afectadas, de modo particular con la Unión Europea cuando ésta puso en práctica medidas de respuesta a las sanciones, y aún no se vislumbra una mejora; el intercambio de dura retórica entre Cuba y Estados Unidos se agudizó, reforzado por la decisión del segundo –comprometido en una guerra internacional contra el terrorismo cuyo fin es impredecible– de incluir a Cuba entre los países patrocinadores, promotores o protectores de terroristas. Podría considerarse también la no respuesta a la solicitud de “un gesto significativo de clemencia” hecha por el Papa Juan Pablo II, lo que es llamativo si tenemos en cuenta que altos representantes del gobierno cubano han reconocido públicamente, más de una vez, la autoridad moral del Papa, y en otros momentos se ha respondido positivamente a tales solicitudes.
No obstante lo anterior, el mensaje de las autoridades cubanas fue muy claro: cualesquiera fueran los costos económicos y políticos, la decisión era irrevocable y los costos asumidos.
¿Sería posible hoy un indulto para los detractores del gobierno cubano que guardan prisión desde hace un año?, ¿tal vez una conmutación de las largas sentencias? ¿Se debilitaría el Estado cubano si diera un paso en esta dirección?
Todo Estado debe garantizar la seguridad interna de las amenazas que se presenten, esa es una de sus misiones principales. Para ello se promulgan leyes y se ejecutan.
En el caso cubano es evidente que los conceptos de amenaza y seguridad han variado en estas casi cinco décadas de gobierno revolucionario. En los años 60s hubo enfrentamientos armados entre el gobierno y sus opositores; tras su derrota, muchos de aquellos cubanos que se rebelaron en armas contra el gobierno fueron sentenciados a muerte, un número mucho mayor fue enviado a prisión. Sin embargo, lo ocurrido el año pasado demostró que un secuestro frustrado e incruento puede ser considerado hoy un acto tan criminal como haber intentado hace cuarenta años derrocar al gobierno por las armas; o que enviar información no clasificada al exterior puede provocarle a su emisor una sanción de 28 años, una condena que en otro tiempo se aplicaba en lugar de la pena de muerte. De esta manera se busca preservar, en nuestros días, la seguridad y fortaleza del Estado.
Como vemos, el concepto seguridad del Estado suele ser muy ambiguo, pues depende de quién dictamine lo que entiende como tal y del momento histórico. Normalmente es definido por criterios militares, ante el peligro más o menos real de enfrentar una guerra. Este ha sido el argumento comúnmente aplicado también en el caso cubano durante estos años, muy dosificados por los enfrentamientos y hostilidades entre Cuba y Estados Unidos. Estamos en presencia de un ambiente permanente de hostilidad –no bélica pero sí muy efectista– entre dos gobiernos que se reconocen mutuamente como enemigos. Por tanto es posible hacernos la pregunta: si no hubiera existido contacto entre los detenidos y la representación de Estados Unidos en Cuba, ¿habrían terminado en la cárcel? Tal vez no. O tal vez sí, porque no todos los detenidos establecieron tales contactos, pero el “motivo” para su detención y procesamiento fue el contacto con el enemigo.
Ciertamente hay una paradoja, pues ese país regido por un gobierno “enemigo” se ha convertido hoy en el principal abastecedor de alimentos para Cuba. Mas eso es parte del pragmatismo político, que también atiende, entre otras, la cuestión económica.
Pero la seguridad es asunto colectivo, o sea que debe ser definida junto a otras “seguridades”, no en contra de otras “seguridades”. La aplicación de las duras leyes para defender el concepto de seguridad del Estado, disminuye nuestras libertades frente al poder del Estado. Siempre podrá argüirse –lo que no justifica– que tal seguridad está condicionada por la amenaza que representa Estados Unidos, y que cuando tal amenaza desaparezca la situación interna puede cambiar, como han dicho alguna que otra vez altos funcionarios cubanos. Pero no creo que exista alguien capaz de responder cuándo cambiará esa situación. Ese espacio de tiempo indefinido –sabemos cuándo empezó pero no cuándo habrá de terminar– es el que precisamente define hoy las limitaciones a nuestras libertades y debilita la seguridad de un número de ciudadanos cubanos que están, o podrían estar, en la cárcel por expresar desacuerdos con la posición oficial.
Hace varios meses, después de iniciada la guerra en Irak, escuché decir a un destacado académico y politólogo inglés que por primera vez sentía miedo del poder de Estados Unidos. No creo que sea el único ¿Constituye Estados Unidos una amenaza para Cuba? ¿Es Cuba un peligro para Estados Unidos? Mientras se mantenga la actual situación entre los dos países la respuesta puede ser sí, en ambos casos. Por ello sigo considerando que los cubanos, y en cierto grado también los ciudadanos de Estados Unidos, estamos atrapados entre la hostilidad que enfrenta a nuestros gobiernos. Pero como cubano, claro está, me afectan mucho más las consecuencias internas.
En el pasado siglo solía medirse la fortaleza del Estado tomando como referente el poderío militar que éste mostraba de su país y se consideraba el tamaño de su ejército, el presupuesto militar, la capacidad combativa medida en escenarios de guerra, el desarrollo de la industria militar, etc., para indicar su fortaleza o debilidad. Pero hoy el concepto ha variado. Quizás el ejemplo más representativo de aquella errada concepción sea la desintegración de la Unión Soviética, que militarmente no sólo fue el contrapeso de Estados Unidos, sino que en algunos tipos de armas llegó a superar a la potencia del norte. En nuestros días, China es ejemplo de un Estado no capitalista que busca fortalecerse aplicando reformas económicas y hasta políticas. China no ha abandonado su industria militar y ahora impulsa programas espaciales, pero al parecer sus gobernantes comprendieron que la fortaleza del Estado yace en la capacidad de satisfacer las demandas de la población, y aunque las reformas empezaron en 1978, la aceleración reformista se produjo después de las protestas de Tiananmén, y continúa en todos los frentes.
No es el poderío militar lo que fortalece a un Estado, sino su capacidad de dar respuesta a las expectativas ciudadanas, tanto en el orden cultural, como social, económico y político. Cuando el Estado por sí mismo no pueda cubrir tales demandas, o no existan otras estructuras en la sociedad para atenderlas, los ciudadanos buscarán la forma de cubrir sus necesidades, lo que suele hacerse de forma irregular, no legal, quebrantando tanto el canon jurídico como el moral, debilitando el orden interno y deshaciendo los hilos de la trama Estado-sociedad. Mientras menor sea la brecha que se abre entre las expectativas ciudadanas y la capacidad de respuesta del Estado, mayor serán la fortaleza de este último y la estabilidad ciudadana o social, y viceversa.
El Estado moderno ha de procurar cada vez mayor consenso social, lo que no se logra mediante leyes que establecen la obediencia ciudadana y limitan su iniciativa. Aquí me inclino por la propuesta del alemán Jürgen Habermas, según la cual no soy yo quien decide que mi acción habrá de convertirse en una ley universal aceptada por todos, sino que yo estoy dispuesto a someter mi acción, y mi argumentación, a la libre y racional discusión y argumentación de todos para probar su pretensión de universalidad.
Pero en el caso de los opositores detenidos está también la cuestión humanitaria. Las condiciones carcelarias de los sancionados hace un año por motivos políticos –ubicados a cientos de kilómetros de sus casas, con cuatro visitas familiares al año y difíciles condiciones de reclusión, de acuerdo con los testimonios de sus familiares–, unido a las largas sanciones, hacen más difícil comprender la situación.
Un significativo gesto de clemencia, como pidió el Papa, sigue siendo un reclamo válido. Un acto de clemencia no es manifestación de debilidad, sino de fortaleza, sobre todo moral. Un Estado que practica la clemencia y la benevolencia mediante leyes que alivien el peso de la ciudadanía, que busque cada vez más el consenso y tenga en cuenta las opiniones divergentes, se fortalece ante los ojos de los ciudadanos. Considero que un indulto o conmutación de las duras sanciones a estos opositores o disidentes es conveniente en Cuba hoy, y no sería la primera vez. Conveniente no para evitar el voto de censura en Ginebra, ni porque lo demanden otros gobiernos o para buscar el fin de determinadas sanciones, sino porque ello haría más estable y armónica la vida nacional. El costo humano provocado por las limitaciones legales internas, para nuestra convivencia nacional, es mucho más determinante e importante que el costo político o económico provocado por las sanciones impuestas desde el exterior.
No se trata de ceder ante la crítica de terceros –algo difícil de evitar en estos tiempos–, sino del derecho de todos los cubanos a lograr, dentro de un marco legal lógico, ordenado y equilibrado, una vida más plena y feliz que incluye también establecer canales apropiados para expresar los más diversos criterios que aquí, como en toda sociedad, existen y merecen respuesta. No todos pensamos ni pensaremos lo mismo en Cuba, pero Cuba es y seguirá siendo el mismo y único espacio de todos.
(Palabra Nueva, Marzo de 2004)
*Este texto fue Premio a la Excelencia Periodística, otorgado por la Unión Católica Internacional de Prensa (UCIP) en el Congreso celebrado en Tailandia en 2004)